Los tres permisos suman 45 kilómetros cuadrados, duplicando la extensión que ocupan en conjunto los principales núcleos poblacionales de Puerto del Rosario, Corralejo, Caleta de Fuste, Morro Jable, Gran Tarajal y Betancuria. La presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, ha hecho hincapié en esta comparativa para alertar sobre la verdadera magnitud del problema y los «desmesurados destrozos» que esto ocasionaría en nuestro territorio. Según García, «la superficie total de las tres áreas solicitadas para las prospecciones abarcaría aproximadamente 45 kilómetros cuadrados de la isla, el doble de lo que suman los kilómetros cuadrados de los principales núcleos poblacionales de cada municipio: Puerto del Rosario, Corralejo, Caleta de Fuste, Morro Jable, Gran Tarajal y Betancuria, que juntos suman alrededor de 20 kilómetros cuadrados».
Ante estos datos, tanto la presidenta, Lola García, como el vicepresidente, Blas Acosta, han destacado la amenaza sin precedentes que representa esta actividad minera invasiva para el territorio majorero, al ignorar la planificación insular e invadir zonas protegidas de alto valor natural y patrimonial de la isla. Ambos denuncian que, a pesar de haber tomado acuerdos plenarios dirigidos a la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias y expresado el rechazo de las instituciones y la sociedad majorera hacia las tierras raras, el pasado 15 de abril se publicó un nuevo permiso, el de mayor tamaño admitido hasta el momento. Por este motivo, explica Lola García, «nos vemos obligados a recurrir a nuevos procedimientos administrativos para detener esta intromisión y esta falta de respuesta institucional por parte de las autoridades canarias, quienes tienen la capacidad de ponerle fin, y explorar otras opciones. En el próximo Pleno presentaremos una moción para instar al Estado a modificar la Ley Estatal de Minas», una norma obsoleta concebida para fomentar la explotación desenfrenada de los recursos minerales, a pesar de los posibles daños ambientales.
Asimismo, la ley no tiene en cuenta las áreas de protección medioambiental con las que cuenta Fuerteventura, posteriores a dicha normativa, como las zonas ZEPA, la declaración de Reserva de la Biosfera o la delimitación de zonas paleontológicas de especial interés, entre otras. Por esta razón, desde el Cabildo de Fuerteventura se solicitará la actualización de la legislación minera para adaptarla a las particularidades del territorio canario, con el objetivo de priorizar los valores medioambientales sobre los recursos a extraer, garantizando así un equilibrio entre el crecimiento económico, la preservación del medio ambiente y el bienestar social. Además, «insistiremos al Gobierno de Canarias en la suspensión de toda autorización de exploración e investigación de tierras raras en la isla, hasta que nuestras preocupaciones sean escuchadas».
Tanto Lola García como su vicepresidente, Blas Acosta, muestran su inquietud ante una de las actividades más contaminantes del planeta, que tendría un impacto devastador en el medio ambiente y en las personas, especialmente en un territorio tan limitado como Fuerteventura, con prospecciones cercanas a la población y en espacios altamente delicados.